¿Cuántos recursos destina Chile a gestión de riesgo de desastres? es una de las preguntas que intenta responder el primer Informe de Gasto Público para una Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) realizado en Chile por el Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Itrend) ¿La respuesta? Menos del 1% del presupuesto nacional es destinado a financiar programas que se encargan de la gestión del riesgo de desastres y el principal mecanismo para responder frente a emergencias es la reasignación presupuestaria. Aunque destaca aspectos positivos, el estudio pone de manifiesto la falta de una estructura robusta de gobernanza para la gestión de recursos en este ámbito, y la necesidad de un diseño presupuestario integral que aborde sistemáticamente el desafío de la resiliencia.

Un gasto de $115,3 mil millones de pesos, equivalente a un 0,2%, del presupuesto nacional están destinados a financiar programas que se encargan de la gestión del riesgo de desastres, es uno de los resultados más llamativos del primer informe de “Caracterización del Gasto Público destinado para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)”. Dentro de estos recursos, se incluye el financiamiento del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Bomberos, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el programa de manejo de incendios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que en su mayoría destinan sus recursos a gastos operacionales. 

El informe realizado por el Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Itrend) concluye que no se identifica un diseño presupuestario integral y transversal con enfoque de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, pese a la promulgación de la Ley 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). Además de ser un presupuesto acotado, el principal mecanismo presupuestario existente son las reasignaciones presupuestarias.

La directora ejecutiva de Itrend, Catalina Undurraga, destacó que los resultados de este documento fueron revisados y complementados por los ministerios y servicios que integran el Consejo de Organismos Públicos del instituto y que nace con el interés de aportar a la comprensión de los aspectos financieros en torno a la resiliencia ante desastres en Chile. “Como ha sido mencionado por organismos internacionales, contar con una estrategia financiera es hoy una prioridad para la gestión del riesgo de desastres, y debe ser también una prioridad para nuestro país. Sobre todo considerando su enorme exposición a diversas amenazas y el impacto que causan los eventos naturales extremos”, enfatizó. 

Entre los aspectos positivos del financiamiento y gestión presupuestaria: la emisión de Bonos Catastróficos por terremotos (2018 y 2022), el Fondo de Desastres Naturales (FODEN) en trámite legislativo como modificación a ley de responsabilidad fiscal, el Fondo Nacional de Reconstrucción para gestionar donaciones, la existencia de un “mecanismo excepcional de utilización del 2% constitucional” para emergencias y los diversos mecanismos de flexibilidad presupuestaria existentes para reasignación de recursos ante estados de excepción.