El seminario “Impactos económicos de los desastres en sectores productivos: aprendizajes desde el sector forestal” realizado en la Universidad de Concepción, reunió a representantes del Estado, la academia, empresas y gremios forestales para analizar cómo medir, anticipar y reducir los efectos económicos de incendios y otras amenazas socionaturales. El trabajo muestra que un daño directo en el sector forestal puede propagarse hacia otras actividades de la economía y presenta recomendaciones de política pública para mitigar, prevenir y anticiparse a estos eventos.

Concepción, 8 de septiembre de 2026.- Los desastres socionaturales no terminan donde se produce el daño físico. Sus efectos pueden propagarse a través de las cadenas productivas, afectar el empleo, el abastecimiento y la producción de otros sectores y generar impactos económicos significativamente mayores a las pérdidas iniciales. Esta fue una de las principales conclusiones del seminario “Impactos económicos de los desastres en sectores productivos: aprendizajes desde el sector forestal”, organizado por el Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Itrend) y la Universidad de Concepción, con el apoyo del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía.

La actividad reunió a representantes del sector público, la academia, empresas y gremios vinculados a la actividad forestal, con el objetivo de compartir los resultados del estudio desarrollado por Itrend y analizar, desde la experiencia de la industria, las oportunidades para fortalecer la prevención y resiliencia de uno de los sectores productivos estratégicos del país. 

El estudio fue financiado por el programa de Desarrollo Productivo Sostenible, y utilizó modelos de riesgo y de propagación económica para estimar tanto las pérdidas directas como los efectos que un desastre puede generar sobre otros sectores. Según las últimas estimaciones del estudio realizado por Itrend, la región de Biobío, sufre en promedio una pérdida anual directa de $49 mil millones de pesos debido a incendios forestales. Los resultados muestran que esta pérdida directa impacta en otros sectores de la economía, producto de encadenamientos productivos, llegando a generar al año una pérdida promedio total de $77 mil millones de producción bruta a nivel nacional, implicando un factor de amplificación de 1,6.

Para Catalina Fortuño, directora ejecutiva de Itrend, uno de los principales aprendizajes del proyecto es que la gestión del riesgo debe dejar de abordarse de manera aislada y comenzar a incorporarse como una dimensión estratégica de las decisiones económicas y productivas tanto desde el Estado como desde la Industria. “Los desastres no son solo una emergencia que debemos atender cuando ocurre. También son un riesgo económico que debemos ser capaces de anticipar, medir y gestionar. Necesitamos avanzar hacia capacidades permanentes que permitan que el Estado pueda tomar decisiones informadas por riesgo y que los sectores productivos puedan incorporar esta información en sus decisiones de inversión, financiamiento, aseguramiento y operación”, señaló Fortuño.

La construcción de los modelos requirió información sobre el valor expuesto y las características de la actividad productiva, complementando fuentes públicas con datos proporcionados por empresas del sector. Este proceso contempló mesas estratégicas y reuniones técnicas con Forestal Arauco, Empresas CMPC y la Corporación Chilena de la Madera (CORMA). Los dos primeros presentaron su experiencia en materia de prevención y protección frente a incendios forestales, a través de las exposiciones de sus representantes. Posteriormente se abrió un espacio de discusión con representantes de la academia, CORMA, pequeñas y medianas empresas y la Secretaría regional ministerial de Economía de Biobío.

El sector forestal constituye un caso especialmente relevante por su alto nivel de encadenamiento productivo. La actividad representa cerca del 1,6% del PIB y genera más de 100 mil empleos directos, mientras que su cadena conecta la producción primaria, el procesamiento industrial y la comercialización de productos, vinculándose además con otros sectores de la economía.

Desde la Universidad de Concepción, la vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Claudia Ulloa, valoró que la investigación aplicada pueda transformarse en herramientas para abordar desafíos concretos del país. “La generación de conocimiento adquiere todo su valor cuando somos capaces de conectarla con las necesidades reales del territorio y de los sectores productivos. Este proyecto demuestra que la colaboración entre universidad, Estado e industria permite producir evidencia que puede contribuir directamente a mejorar las decisiones y fortalecer nuestras capacidades frente a los desastres”, afirmó.

Para Gonzalo Villanueva, jefe de la División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, avanzar en resiliencia productiva requiere incorporar el riesgo como parte de las decisiones de desarrollo. “La pregunta que nos interesa abordar no es solamente cuánto puede perder un sector productivo frente al desastre, sino también qué podemos hacer para disminuir estas pérdidas, donde debemos priorizar inversiones, qué tecnologías o capacidades necesitamos desarrollar, cómo podemos mejorar la planificación territorial y, en definitiva, cómo hacemos que nuestras actividades productivas estén más preparadas y sean más resilientes”, sostuvo Villanueva.

El estudio realizado por el Instituto comenzó el 2025 para evaluar el impacto de sismos, inundaciones e incendios en el sector productivo forestal en las regiones de Maule y Biobío. En febrero de 2026 el proyecto fue renovado por un año más, aumentando su cobertura tanto en análisis como en resultados esperados. Junto al sector forestal se solicitó evaluar el riesgo e impacto económico del sector vitivinícola. La expansión también considera la incorporación de dos nuevas regiones, O’Higgins y Ñuble, y una cuarta amenaza de temperaturas extremas. 

Junto con el análisis de riesgo e impacto económico, el trabajo tiene por objetivo entregar recomendaciones de política pública que permitan al Estado tomar decisiones informadas en materia de riesgo de desastres, realizar una evaluación costo beneficio de medidas para la reducción del riesgo de desastres. Los resultados finales junto con las recomendaciones serán dados a conocer a principios de 2027 en el sitio web de Itrend.