En esta entrevista conversamos con Pamela Álvarez, directora del Departamento de Ciencias de la Ingeniería y del Laboratorio de Logística y Reducción de Riesgo de Desastres del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello (UNAB). La especialista explica cómo la logística humanitaria ha evolucionado hacia un enfoque preventivo y descentralizado, destacando la transición de la antigua ONEMI al nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED). Se analiza el desempeño institucional frente a desastres socioambientales como los recientes temporales en el país y contrasta la normativa sísmica chilena con la situación de infraestructura vista en Venezuela tras los terremotos de junio pasado. Asimismo, resalta la importancia de la planificación territorial y la investigación académica para enfrentar amenazas derivadas del cambio climático y advierte sobre los desafíos de la convergencia de materiales.

¿Cuándo se creó el Laboratorio y con qué objetivo? 

El Laboratorio de Logística y Reducción de Riesgo de Desastres partió el año 2012, con un proyecto con el MIT después del terremoto del 2010. Al estar bajo el alero del Centro de Transporte y Logística se dedicaba principalmente a todo lo que tiene que ver con operaciones, logística, distribución, y diseño de redes de ayuda humanitaria. Por ejemplo, ¿Cuál es el mejor sitio para ubicar albergues para que la población se resguarde cuando ocurre alguna emergencia? ¿dónde posicionar bodegas? ¿con qué tipo de productos se debe abastecer a la población cuando ocurra algún evento? 

Actualmente el laboratorio ha ido ampliando su quehacer: busca desarrollar investigación aplicada y vinculada, orientada a la gestión del riesgo, a la reducción del riesgo de desastre principalmente mediante el análisis de los sistemas logísticos que operan tanto en las fases pre desastre como post desastre. También hemos ido incorporando análisis de riesgo socioambiental después de toda la experiencia adquirida, con el fin de favorecer la resiliencia de los territorios, entendiendo que además Chile es un país que está muy expuesto a distintos tipos de amenazas tanto naturales como tecnológicas.

La experiencia también nos ha llevado a entender que la gestión del riesgo de desastres debe involucrar distintas disciplinas. Por eso incorporamos también fuertemente todo lo que tiene que ver con análisis de riesgo, vulnerabilidad social y así al laboratorio lo hemos dividido en tres líneas de investigación. Una primera línea de logística humanitaria y continuidad operacional, que es nuestro core, con la generación de modelos que permitan optimizar los sistemas logísticos.

Una segunda línea que investiga en resiliencia territorial y adaptación al cambio climático. Entendiendo que el cambio climático está afectando fuertemente a nuestro entorno y que sabemos que esto va a continuar, y por lo tanto, debemos integrar análisis territorial, exposición, vulnerabilidad en frente a estos desastres. Y por otro lado, una tercera línea que tiene que ver con la gobernanza y la comunicación del riesgo, que estudia básicamente cómo las personas, las organizaciones, las comunidades comprenden, comunican, se coordinan y toman decisiones ante el riesgo de desastre. 

¿Cómo evalúas la respuesta frente a la reciente emergencia de los temporales? 

En general soy bien optimista porque entiendo la transición que ha ocurrido y cómo ha ido cambiando la institucionalidad con esta nueva ley, la que creó el SINAPRED y el organismo que lo ejecuta, SENAPRED. Si bien lleva cerca de 3 años de implementación, creo que hace un cambio muy profundo en lo que teníamos antes, que era más bien reactivo. ONEMI era una oficina de emergencia, que actuaba una vez que ocurría un evento y la nueva ley cambió toda esa lógica porque ahora lo que se busca es estar presente en todas las etapas de la gestión del riesgo de desastres: mitigación, preparación, respuesta y reconstrucción. 

El cambio fue profundo y yo creo que, si bien es muy lamentable ver gente desplazada, evacuada, infraestructura dañada, también tenemos que poner en el foco la institucionalidad, que sí ha operado. Tenemos que tener en cuenta que quizás este temporal es el más grande que ha ocurrido en los últimos 30 años y que ha afectado un territorio que es sumamente extenso, desde Atacama hasta Los Ríos. Y la institucionalidad, yo creo que ha funcionado. Se emitieron alertas SAE pidiendo la evacuación cuando se detectó que habría peligro de desborde de canales, de ríos, de activación de quebradas; la directora nacional de SENAPRED entregó balances técnicos diariamente, que también está definido en la ley y se activó el rol de las fuerzas armadas, generado apoyo en Ovalle y en las comunas más afectadas de la zona norte del país. 

Esta ha sido una de las pruebas más fuertes que ha tenido que soportar el nuevo sistema, en el cual nosotros operamos la gestión del riesgo de desastre. Fue un temporal de una alta magnitud, que obviamente al ser tan extenso también genera un impacto importante a nivel humano, a nivel de infraestructura, de materiales, y que cualquier institucionalidad en el mundo no va a poder eliminar estos impactos completamente. Debemos ir tomando nota de lo que ha funcionado y sacar lecciones para cada vez lograr una mejor preparación.

¿Puso a prueba también la infraestructura?

Tenemos infraestructura construida hace 30, 40, 50 años… para otro escenario y con el cambio climático y eventos más intensos, sin lugar a dudas ponen a prueba esta infraestructura. Uno de los temas más relevantes es la conectividad. Ha habido cortes de caminos, carreteras, puertos, la ruta cinco, sin ir más lejos, estuvo cortada en La Serena, una ruta que une el país. Entonces, los esfuerzos deben concentrarse en la infraestructura crítica, en fortalecer más los puntos críticos ahora que sabemos cuáles son, dónde se ha cortado la infraestructura, poner foco ahí para fortalecer. 

También hay que seguir avanzando en la implementación de este sistema (Sinapred). Hay varios instrumentos que tienen que ser creados a nivel territorial que están en proceso de generación y para eso se requieren recursos. Tenemos que poner el pie en el acelerador para avanzar con todo lo que está establecido en la ley y entendiendo además que una ley es un mecanismo que nos dice “las cosas hay que hacerlas de esta forma”. Después de este sistema frontal hay que ver qué es lo que pasó con la respuesta. Será necesario hacer una evaluación para poder levantar todas las dificultades que se tuvieron y en base a eso también proponer los caminos a seguir para mejorar y avanzar de de forma rápida. 

Eventos tan intensos como los que hemos estado viviendo, no son habituales. Yo siempre pongo como un ejemplo el seguro del auto: hay personas no compran un seguro de auto porque piensan que no va a pasar nada... hasta que pasa. Acá es un poco lo mismo, entender que a nivel de Estado hay que invertir en la prevención, porque al final de cuentas nos va a generar ahorros o nos va a salir más barato haber invertido en prevención que en respuesta y reconstrucción. 

Es un cambio de conciencia. Claro que es difícil, es lógico que te preguntes “¿por qué?, si no pasa nada”. Pero ahora hemos visto además que el que no pase nada es lo menos frecuente. La cantidad de eventos que ocurren cada vez es más, de mayor intensidad, con más población expuesta, y que habita en lugares que presentan fuertes amenazas. Entonces, hay que moverse fuertemente a la preparación y pienso que la legislación actual tiene esa visión. 

¿Está Chile preparado para responder a una emergencia de la magnitud y características como las del terremoto de Venezuela?

Chile en términos de infraestructura es un ejemplo a nivel internacional y aprende de las experiencias. Las estrictas normas de construcción que tenemos el día de hoy se deben a toda la historia y lo que sufrimos previamente. Terremotos tan fuertes como el de Valdivia o el de Chillán han generado que tengamos no sólo normas, sino que investigación que ha logrado impactar en las políticas públicas. Se investiga fuertemente en construcción, en infraestructura, en temas estructurales y eso ha podido permear hacia la definición de leyes, de normativas de construcción que es bastante meritorio. Creo que no debería ocurrirnos algo de la magnitud de lo que ocurrió en Venezuela, en que uno veía que los edificios colapsaron, pero no eran casos especiales o particulares, era prácticamente toda una localidad con cientos de edificios en el suelo y personas atrapadas o desaparecidas. 

Yo diría que que estamos probablemente en un mejor pie, por todo lo que se ha trabajado en Chile a lo largo de la historia y, particularmente, diría que desde el terremoto del 2010 ha habido una intención mucho más activa de investigar, de legislar, de generar políticas públicas, de involucrar a distintos actores, tanto a instituciones públicas, privadas, a la sociedad civil, a entender cuáles son las necesidades, los requerimientos y cómo ir avanzando. Quizás ahora el desafío está en equiparar todo ese conocimiento y lo que se ha avanzado en el tema sísmico, con otras amenazas como las hidrometeorológicas o los incendios forestales que hoy que van a ser van a ser más frecuentes. 

Ahora hay que llevar la institucionalidad al terreno y ver de verdad si la operación está siendo la más eficiente, la más adecuada, la que está generando las mejores prácticas. Chequear cómo se avanza también en la definición de los distintos instrumentos, incorporar nuevas amenazas, de manera de ser más restrictivos en dónde se construye, cómo se construye, dónde la población puede estar, si hay que mover infraestructura o no. Pero si te das cuenta, esos son muchos recursos que hay que disponibilizar para poder hacerlo. Y ahí el vínculo entre universidad, sistema público, instituciones privadas, tiene que ser más fuerte y trabajar de forma mancomunada para poder implementar, para poder operar de mejor forma.

En el país suele ocurrir que cuando hay una emergencia, las personas quieren llegar por sus propios medios a ayudar, a entregar donaciones ¿A qué atribuyes eso?

Es un fenómeno super global, que se llama convergencia de materiales, que es bastante estudiado; yo creo que nuestro ejemplo clásico fueron los incendios en Valparaíso el año 2016. Valparaíso está al lado de Santiago, donde hay mucha población. Muchas personas quisieron ir de manera individual, no a través de una organización, de un organismo que haya coordinado y esto generó colapsos importantes en las calles, en la cantidad de las donaciones, que no son necesariamente las más útiles. 

Y este es un problema porque le genera al Estado y a los organismos que deben responder una presión adicional, porque ellos están velando por salvar a las personas afectadas, por cuidar o proteger la infraestructura para tratar de disminuir o minimizar los impactos… Y llega un mucha gente o muchas donaciones que hay que gestionar también, generando una presión mayor al organismo encargado de la emergencia, teniendo que preocuparse de voluntarios que no están capacitados, que no han sido entrenados para esas situaciones, por ejemplo. 

Creo que hay que agradecer mucho la buena voluntad, la generosidad, el interés, porque es lindo desde el punto de vista humano y también da esperanza a las personas. Sin embargo, a través de la educación hay que mostrar los impactos que tiene el llegar de manera desorganizada a un lugar, porque eso genera que haya que desviar recursos desde la atención y que probablemente hubo que redistribuir estos recursos y en vez de estar atendiendo a la población realmente afectada, había que estar mirando las donaciones, separándolas, etcétera. Educación y comunicación son clave.